En América Latina y el Caribe existen aproximadamente 25 millones de estudiantes de educación terciaria afectados por la pandemia. Un 45% en promedio de los hogares de la región tiene conexión fija a Internet mientras que las zonas rurales esta cobertura es más baja. Considerando que el 40% de las comunidades indígenas en la región se encuentran enclavadas en entornos rurales, ello supone un gran contingente poblacional en riesgo de exclusión o desvinculación del proceso educativo. En la región hacen vida más de 800 pueblos indígenas representando un universo aproximado de 58 millones de ciudadanos.

Así lo indicó el coordinador de programas de UNESCO IESALC, José Antonio Quinteiro, en la ponencia “COVID-19: su impacto en la educación superior y en los ODS”, presentada en el marco de la 1º Semana de la permanencia del Instituto Tecnológico Metropolitano, en donde analiza cómo ha influido la pandemia en el estudiantado, profesorado, personal no docente, instituciones de educación superior (IES) y gobiernos.

En el contexto mencionado, no es fácil acceder al modelo de educación virtual. Por demás, la calidad de la conectividad y el nuevo modelo de aprendizaje termina por desmotivar a los estudiantes, que en un 51% prima la educación presencial sobre la virtualizada.

Según Quinteiro, la merma de la matrícula estudiantil, la ralentización de las actividades de investigación y extensión y un contexto generalizado de astringencia financiera crean un ambiente de inseguridad laboral para el profesorado y el personal no docente a corto plazo. Sin embargo, a diferencia de países como EE.UU. que ya acusa un declive en su matrícula de 18,2 millones de estudiantes en 2019 a 17,8 millones en 2020 (-13%), y proyecta una caída continua en la matrícula estudiantil en sus “colegios universitarios” a partir de 2026, América Latina avizora matrícula expansiva en el corto y mediano plazo en un escenario post-COVID-19.

Igualmente, aproximadamente unas 12.000 instituciones de educación superior de la región se ven afectadas por la pandemia en su propia gobernanza: el modelo educativo virtual emergente requiere verse acompañado de procesos administrativos y académicos que precisan de ajustes en los marcos normativos, en las infraestructuras tecnológicas, en las comunicaciones y en las dinámicas de trabajo.

Asimismo, los Estados se ven doblemente afectados por la pandemia: por una parte, garantizar el derecho a la educación asegurando la continuidad pedagógica es un imperativo insoslayable, pero por otra, mitigar las desigualdades de acceso a la enseñanza virtualizada e inclusiva supone ingentes inversiones en infraestructuras de conectividad para la vertebración digital de sus territorios, entre otros desafíos. Ello en un contexto de astringencia financiera signado por la caída del PIB (-9,4 % CEPAL 2020), incertidumbre ante un horizonte inflacionario a nivel mundial que podría encarecer el servicio de la deuda externa, y una población que envejece rápidamente (25 % mayor de 60 años en 2050).

Concluyó Quinteiro diciendo que la Universidad como institución social ha conocido de muchas pandemias a lo largo de la historia y de todas ellas ha salido fortalecida. Agregó que la velocidad vertiginosa de respuesta del sistema de investigación global del que la Universidad es parte importante, muy particularmente en América Latina, demuestra una vez más que su papel no es otro que la mejora constante de la sociedad a través del conocimiento, tal y como lo evidencia el rápido desarrollo de la vacuna contra la COVID-19 producto de un esfuerzo colaborativo extraordinario como no se había visto hasta ahora.