A partir del 1 de abril, el 89% de la población estudiantil mundial se vio afectada por el cierre de sus instituciones debido a la crisis de COVID 19, y los gobiernos y las organizaciones asociadas han unido esfuerzos para permitir la continuidad del aprendizaje. Esta crisis tendrá consecuencias a largo plazo para los sistemas educativos en términos de acceso, calidad, equidad y gestión. Además, los riesgos de desastres, conflictos y violencia son cada vez más frecuentes.

Por lo tanto, aunque la acción inmediata para minimizar la interrupción educativa es imprescindible, las acciones a mediano y largo plazo deben llevarse a cabo en un enfoque multirriesgo y orientado a la sostenibilidad. La respuesta inmediata debe fortalecer y construirse sobre estrategias orientadas a mantener la capacidad de respuesta y el compromiso en todos los niveles del sistema educativo. Si bien muchos países pueden requerir apoyo internacional, los gobiernos, a través de sus Ministerios de Educación (ME) siguen siendo responsables de la provisión de educación. La planificación sensible a las crisis puede ayudar a los ME a institucionalizar la reducción de riesgos y mejorar la planificación y la oferta de la educación antes, durante y después de la crisis, garantizando sistemas educativos más resilientes.

Esto exige que el sector educativo analice los riesgos de crisis existentes y potenciales, analice las capacidades y los recursos existentes para la reducción de riesgos, identifique y supere patrones de inequidad y exclusión, y apunte a reunir a todos los actores de la educación, tanto desde una perspectiva humanitaria como de desarrollo.

Leer la información completa en COVID-19 Education Issue Note 2.4 Planning (en inglés).

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