Durante tres días representantes gubernamentales de 23 países de América Latina y el Caribe se reunieron en la Conferencia Internacional de Estados, para la revisión final del texto propuesto del nuevo Convenio para el Reconocimiento de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior en América Latina y el Caribe.

La presidencia de la Conferencia, que inició el día 11 de julio de 2019 en el Palacio San Martín de Buenos Aires, Argentina, estuvo a cargo del gobierno de Argentina, mientras que la vicepresidencia recayó en Jamaica y El Salvador. Luego de revisadas las partes componentes del nuevo Convenio (preámbulo, definiciones, objetivos, obligaciones, aplicación y cláusulas finales) los Estados Partes presentes lo adoptaron por unanimidad, sin que esta suscripción surta efectos jurídicos hasta tanto tenga lugar la ratificación del instrumento por el órgano legislador de los Estados-Partes signatarios.

Organizada por el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC), con apoyo del gobierno argentino, la Conferencia da cierre al proceso de modernización del Convenio, liderado desde el 2015 por el Instituto, y que constó de sesiones de trabajo y de reuniones intergubernamentales de consulta en torno al texto original.

El evento contó con 23 representantes gubernamentales de Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Saint Kitts & Nevis, Uruguay y Venezuela. Hicieron parte del cuadro de representantes gubernamentales asistente los ministros de Argentina, Aruba y Curazao, así como también los ministros de Bolivia, Colombia, República Dominicana y Venezuela.

El nuevo Convenio fue adoptado por unanimidad y fue rubricado por aquellos representantes que actuaron en esta reunión como mandatarios en representación con plenos poderes, a saber: Argentina, Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Granada, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Perú, Santa Sede y Venezuela.

Este instrumento compromete a los Estados Partes signatarios a adoptar todas las medidas necesarias para reconocer los estudios, títulos y diplomas de los países de la América Latina y el Caribe según los términos recogidos en el nuevo Convenio, y en virtud de la normativa específica que rija en cada uno de ellos.

Con este compromiso político se favorecerá la movilidad académica de la región, con sus impactos positivos tanto en la cooperación intrarregional como en la tan ansiada integración regional. Su implementación, una vez adoptado y ratificado por los Estados Partes, contribuirá significativamente al resguardo del derecho a la educación, a la inclusión y a la prosecución de la agenda del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 y su propósito de “no dejar a nadie atrás”.