Como en todo el mundo, la educación superior a distancia en América Latina lleva más de una década sujeta a una transformación de la oferta y, en parte por ello, a un incremento espectacular de la demanda. En la transformación de la oferta el papel de la tecnología está siendo crucial no solo por las oportunidades que ofrece para mejorar la flexibilidad, la personalización, el seguimiento y el apoyo al estudiante, sino porque también conlleva la desaparición de las fronteras geográficas y la emergencia de un mercado global de la educación superior a distancia que ofrece aun mayores oportunidades de elección para los estudiantes.

En efecto, quien tiene acceso a Internet tiene potencialmente acceso a cualquier oferta de educación superior a distancia, independientemente de dónde se origine. La cuestión es cómo, en el deseo de proteger los derechos y los intereses de los beneficiarios y, en última instancia, del país, se puede regular la calidad de una actividad que, por su propia naturaleza, elude con frecuencia los marcos regulatorios nacionales.

De hecho, el aseguramiento de la calidad de la educación a distancia siempre ha sido problemática en todo el mundo. Sus especificidades metodológicas exigen mecanismos de aseguramiento distintos de los que se emplean habitualmente en la educación superior tradicional, básicamente en todo lo relacionado con los procesos y, en particular, con la evaluación de los aprendizajes, o, por lo menos, con adaptaciones sustanciales. A esto se añade el hecho de que ni en América Latina ni en ninguna otra región la educación superior a distancia es patrimonio de instituciones especializadas, como lo era unas décadas atrás. Prácticamente todas las universidades públicas y un buen número de las privadas disponen de una oferta a distancia de mayor o menor entidad y, cada vez con más frecuencia, de ofertas híbridas que combinan componentes de educación a distancia con otros de presencialidad.

Algunos países de la región han optado por regular el aseguramiento de la calidad en función de las distintas modalidades, dando por descontado que en la oferta formativa de una universidad caben, de hecho, multitud de ellas. Los casos de Argentina, Colombia o Perú son paradigmáticos en este sentido. Se trata, con frecuencia, de regulaciones que emanan del Estado y, en menor medida, de las agencias especializadas. Pero, inevitablemente, cuanto más detalladas sean estas regulaciones mayor será la frecuencia con que deberán ser revisadas para adaptarse a un entorno cada vez más cambiante. Baste pensar, por ejemplo, en la creciente utilización de bots, de las métricas de aprendizaje y de aplicaciones que sacan partido de la inteligencia artificial para imaginar que, bien pronto, algunas tareas que las regulaciones actuales presuponen que son realizadas por personal académico, cuyas cualificaciones mínimas y condiciones de trabajo prescriben, dejen de serlo para ser desarrolladas por medio de soluciones tecnológicas. En este sentido, los reguladores, gobiernos y agencias, deberían recordar que hoy en día la educación superior a distancia puede ser un motor de innovación del conjunto del sistema universitario a condición de que las regulaciones oficiales no la ahoguen.

A este desafío de regular una actividad abocada a la innovación se añade otro aun más complejo: el de la regulación de la educación superior a distancia transfronteriza o global. Si el usuario puede salir a un mercado global en el que puede encontrar una oferta mejor adaptada a sus necesidades, expectativas y capacidades, lo hará sin duda. Dejando de lado las profesiones reguladas, en las que inevitablemente habrá que cumplir con la legislación nacional en el caso de querer colegiarse o ejercer, el resto de la oferta formativa, en particular de posgrado, puede ser considerada líquida a efectos regulatorios, es decir, prácticamente inasible. La única fórmula que beneficiaría a todos sigue sin ser apropiadamente explorada: los convenios internacionales. Los que la UNESCO acaba de promover tanto a escala global como regional en materia de reconocimiento de titulaciones de educación superior ofrecen una puerta abierta a consensos multilaterales en este sentido.

Pero estos consensos solo tendrán éxito si se basan en dos criterios: la transparencia de la información y la confianza mutua. La transparencia debe traducirse en que las regulaciones nacionales del país desde el que se emite la oferta obliguen a las instituciones a declarar siempre si ellas mismas o sus programas están oficialmente licenciados o acreditados por la autoridad nacional competente; de esta forma, el usuario potencial de cualquier otro país podrá tener la seguridad que se enfrenta a una oferta regulada en origen. Por otra parte, la confianza mutua entre países en este ámbito solo se consigue promoviendo los intercambios entre las autoridades reguladoras, tal vez, si la región así lo deseara, en aras de marcos compartidos. El Instituto Internacional la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC) trabaja, precisamente, en esta línea para facilitar que a través de un mejor conocimiento de los marcos y las actividades de regulación se promueva la confianza entre los Estados miembro y, al hacerlo, se protejan mejor los intereses y los derechos de la ciudadanía en materia de educación superior.

Francesc Pedró, director de UNESCO-IESALC

Texto extraído del Informe sobre el estado de la evaluación externa de la calidad en las universidades españolas 2018, editado por El Observatorio de la calidad del sistema español de universidades de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

Foto cortesía Pixabay